Las investigaciones recientes nos refieren de la inacción de autoridades frente al descubrimiento de campos de entrenamiento militar de diversos grupos delincuenciales, aun teniendo información puntual. Estas son omisiones criminales que han sido toleradas por altos funcionarios gubernamentales, lo cual ha estimulado la impunidad.
Estas omisiones han permitido que miles de personas hayan
perdido la vida a manos de estos grupos de delincuentes y ello debiese tener
consecuencias.
Por complicidad, irresponsabilidad, -o simplemente la indiferencia
de autoridades-, mucha gente sigue desapareciendo y muchos de ellos están perdiendo
la vida.
Responsabilizar sólo al Gobierno del Estado de Jalisco, -como
lo ha hecho el fiscal general de la república, Gertz Manero-, significa
politizar el problema desviando las responsabilidades de los “de casa”,
capitalizando políticamente una tragedia.
Una característica de nuestras autoridades es su tendencia a
realizar un show mediático para castigar a unos chivos expiatorios que calmen
la tormenta. Sin embargo, mientras no se instrumenten nuevas estrategias para
actuar con eficiencia, el problema persistirá y mucha gente morirá
No actuar aun teniendo evidencias, -e incluso información
privilegiada-, tiene un alto costo para la sociedad.
Tener que esperar a que una víctima denuncie el delito para
empezar a actuar representa una aberración en un país donde campea el miedo a
las represalias de los victimarios y por ello no se levantan denuncias, -y
cuando estas se presentan-, bien sabemos que puede haber funestas
consecuencias.
La ausencia de denuncias en casos de evidente certeza del
delito es aprovechada por los funcionarios corruptos, -y por los negligentes-,
para no actuar.
Es necesario realizar un ajuste legislativo para eliminar el
requisito de la denuncia de la víctima cuando las evidencias sean
incuestionables o exista flagrancia. El delito debe perseguirse de oficio.
Parece ser que la presidenta Sheinbaum a través del “super”
secretario García Harfuch está tomando el camino correcto. Incluso existe el
rumor de que la UIF pueda quedar bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública,
a fin de encauzar los esfuerzos de esta institución en el combate a la
delincuencia organizada a través de seguir la huella del dinero, lo cual puede
traer grandes e inesperadas sorpresas.
Sin embargo, mientras no se penalice la inacción gubernamental
frente a las evidencias del delito castigando seriamente, -y no sólo con
despedir e inhabilitar para ejercer cargos en la administración pública al
funcionario denunciado por negligencia-, sino con cárcel, como corresponde a las
graves consecuencias derivadas de su inacción, -o confabulación con los
criminales-, no se resolverá el problema de la violencia desmedida que campea
por todo el territorio nacional.
Tranquiliza saber que las nuevas estrategias contra el
crimen organizado van en el camino correcto, pero mientras no se castigue de
forma radical a quienes propician que los delincuentes continúen operando en
impunidad, -sean del color político que sean-, el enemigo dentro de casa seguirá
saboteando los esfuerzos.
VÍCTIMA POR PARTIDA DOBLE
Los asesinatos de “madres buscadoras” representan el intento
del crimen organizado por negar a las familias de sus víctimas el derecho a
conocer el paradero de su familiar.
La muerte de Teresita González Murillo, madre buscadora de
Jalisco, -quien quería conocer el destino de su hermano secuestrado en
septiembre del 2024-, y recibió un balazo en la cabeza al resistirse a ser
secuestrada en su propio hogar, retrata el drama de estas heroínas anónimas y
de los héroes que les apoyan.
Triste el destino de quienes exigen públicamente justicia para
la desaparición de un familiar y operan en condiciones de total vulnerabilidad.
Las madres buscadoras trabajan bajo la amenaza constante de
los criminales y la indiferencia, -y a veces los obstáculos-, que les ponen las
autoridades que debieran protegerlas.
López Obrador no sólo las ignoró al inicio de su gobierno,
sino que al final las acusó de utilizar su tragedia para desestabilizar a su
gobierno. Hasta hoy siguen ignoradas no obstante que están realizando una labor
que debe ser responsabilidad del Estado.
LIBERATION DAY
Esta frase refleja la visión populista que está detrás de
los aranceles impuestos por el presidente Trump. La declaración del economista
norteamericano Paul Krugman, -Premio Nobel de economía en 2008-, respecto a la
falta de sustento de los aranceles, muestra que éstos no llevan la finalidad de
reordenar las relaciones comerciales y económicas de Estados Unidos, sino que
son un medio para alcanzar otros fines, como podría ser tomar protagonismo
global para ejercer control.
Los aranceles y la crisis desatada por ellos han creado un
“antes” y un “después” en el sistema económico y comercial global.
Un sistema comercial formado a lo largo de muchas décadas
con la interacción de expertos alrededor del mundo se ha visto reprimido por la
voluntad de un líder con poder. Estos son los nuevos tiempos.
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross


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