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Solicitan
intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Familia
de empresarios son apoyados ilegalmente para obtener tierras.
Huehuetoca, Edomex, 29 de junio de 2025.- Con el apoyo ilegal
del Tribunal 10 de Tlalnepantla, Estado de México, la familia Pérez Lizaur
pretende despojar de cerca de 70 hectáreas a más de mil ejidatarios del
municipio de Huehuetoca, Estado de México, quienes son legítimos propietarios
de ese terreno y de lo cual tienen documentación oficial que así lo comprueba.
En el 2023, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 del
Estado de México, ubicado en la calle de Aculto 39, Río Lerma, Colonia La
Romana, Tlalnepantla, dio un fallo en contra de los ejidatarios para que los
demandantes tomarán posesión de dicho terreno perteneciente al Ejido
Huehuetoca, mismo que fue creado en abril del 1925 y cuyos descendientes de los
primeros propietarios continúan viviendo en la zona.
Ante esta situación, representantes del Comisariado del Ejido,
afirmaron que solicitan la intervención de la Presidencia de la República y de la
Procuraduría Agraria, con el fin de que permitan que se haga una revisión
detallada, y sobretodo imparcial, de los documentos que comprueban su legítima
propiedad, es decir de que se lleve a cabo una querella “honesta y apegada a la
ley”, que permita un análisis correcto del expediente 810/2011.
“Solicitamos a la Presidenta de México que, con base en su
conciencia y humanismo, intervenga para que las autoridades correspondientes
logren que haya un proceso limpio, honesto y basado en el dialogo, para que
dejemos de ser víctimas de un Poder Judicial corrupto que trabaja para favorecer
a la familia Pérez Lizaur y que nos tiene hoy al borde de una enorme injusticia”.
Los representantes de Comisariado Ejidal, aprobados por su Asamblea y quienes han denunciado estos hechos son, entre otros: Benjamín Feregrino, José Luis Orozco, Andrés Colín, Juan Velázquez, Juan Garfias y Juan Hernández.
Detallaron que el pasado cuatro de junio del presente año, el
Tribunal 10 de Tlalnepantla solicitó que se ejecutara una orden para ocupar las
hectáreas reclamadas por la familia Pérez Lizaur, acción que fue detenida
pacíficamente por los ejidatarios al explicarles al actuario y al perito su
legitima propiedad de las tierras con base en documentos.
Ante ello, dicho Tribunal dio una nueva orden para que a más
tardar la primera semana de julio tomaran posesión de estas hectáreas, con el
apoyo de 100 efectivos de la Guardia Nacional.
Explicaron que la familia Pérez Lizaur demandó legalmente en
el 2011 a los propietarios del Ejido Huehuetoca y ahora tienen el propósito de despojar
a los mismos de estas tierras con el contubernio del Tribunal 10 de Tlalnepantla.
Denunciaron que, encabezados por Joaquín Pérez Lizaur, esta
familia argumenta que su padre, el señor Jacobo Pérez Barroso (fallecido), era
dueño de esas tierras y que ellos como hijos tienen derecho a las mismas, las
cuales fueron invadidas, entregando documentación “en muchas ocasiones
apócrifa, poco legible e incluso cuyas coordenadas no corresponden al perímetro
del Ejido Huehuetoca”, a pesar de lo cual este Tribunal de Tlalnepantla “le ha
dado entrada”.
Los ejidatarios dijeron que incluso a lo largo de los años, la
familia Pérez Lizaur ha llevado a cabo diversas acciones de compra-venta de las
tierras, para aparentar la propiedad de las mismas, a pesar de la existencia de
diversos amparos interpuestos por los ejidatarios.
El Comisariado de este ejido, establece que a lo largo de los
años ha podido “rastrear y recuperar” los documentos que avalan la legítima propiedad
que tiene de estas tierras, las cuales en su mayoría son pastizales para ganado.
Como resultado de ello, ahora los ejidatarios poseen tanto
mapas certificados por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (PROCEDE), así como documentos que avalan la legitima propiedad de este
ejido conformado por 3,144 hectáreas, documentos que no han podido ser
presentados como pruebas en el proceso.
Cabe decir que, entre estos documentos, se encuentra uno del Gobierno del Estado de México, en el que participó incluso el ayuntamiento municipal de Huehuetoca de 1982, en el que describe que se realizó una Diligencia de Deslinde, en la que don Jacobo Pérez Barroso, al darse cuenta que las tierras no eran suyas, se desistía de las mismas y se las entregaba el ejido”.
Ahora los ejidatarios tenemos, afirmaron, documentos y mapas legales
del Registro Agrario Nacional y del INEGI, con deslindes y zonas colindantes
que avalan nuestra propiedad “de la cual se nos quiere ilegalmente despojar”.
“No podemos dejar que no pisoteen de esta manera, que nos
quieran despojar de cerca de 70 hectáreas sólo porque son gente con influencias
y dinero, es por ello que solicitamos la intervención de la Presidencia de la República
y de las autoridades federales, para que tengamos un proceso y un fallo apegado
a la ley, con la presentación total de todos nuestros documentos que avalan
nuestro legítimo derecho”, concluyeron.




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