“Del 99 al 73 por ciento: PRI Oaxaca acusa desmantelamiento sanitario y alerta por rebrote de enfermedades”.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 17 de febrero 2026.- La dirigencia del PRI Oaxaca, acompañados de líderes estatales y de integrantes del Comité Directivo Estatal, colocó en el centro de la discusión pública lo que calificaron como un “colapso progresivo” del sistema de salud. En conferencia de prensa, la presidenta Carmelita Ricárdez sostuvo que México pasó de presumir coberturas de vacunación cercanas al 95 y hasta 99 por ciento a registrar hoy apenas alrededor de 73 por ciento de cobertura efectiva.

No lo planteó como un accidente. Lo definió como consecuencia directa de decisiones políticas que, en su narrativa, desmontaron la logística nacional de vacunación que integraba a todas las instituciones públicas de salud en operativos territoriales coordinados. “Iban a las casas, regresaban si no encontraban al niño”, recordó, contrastando ese modelo con el escenario actual de desabasto, citas diferidas y filas de hasta dos horas en centros de salud.

El señalamiento no se quedó en lo administrativo. Ricárdez vinculó la caída en vacunación con el brote nacional de sarampión, una enfermedad que México había mantenido bajo control durante años y que hoy registra miles de casos confirmados y decenas de fallecimientos. La cifra de más de 9 mil contagios y al menos 28 muertes fue retomada por el secretario general Jesús Madrid, quien advirtió que el problema no es exclusivo de Oaxaca, sino de las 32 entidades, siendo los más afectados los niños de 0 a 4 años que nacieron en el sexenio de López Obrador y que no contaron con el sistema de vacunación completo.

El discurso del PRI insistió en que el desabasto obligó a las familias a migrar al sector privado. Asociaciones médicas, dijo Ricárdez, han reportado incrementos de hasta 300 por ciento en la aplicación de vacunas en clínicas privadas, lo que se traduce en gastos adicionales para hogares ya golpeados por el aumento en el costo de la vida. El argumento es claro: cuando el Estado deja de garantizar la vacunación universal, la factura la pagan los ciudadanos.

En ese contexto, la dirigente cuestionó la narrativa oficial de austeridad. Sostuvo que el recorte real al presupuesto de salud ronda el 12 por ciento, pese al crecimiento poblacional y a la promesa de fortalecer el sistema público. La acusación es delicada: menos recursos en prevención, más presión en hospitales y mayor vulnerabilidad ante brotes que antes estaban contenidos.

La crítica se extendió al modelo de atención. Ricárdez habló de tratamientos incompletos, cirugías postergadas y hospitales que operan con insumos limitados. Ridiculizó la estrategia de “farmacias móviles” al señalar que no cuentan con condiciones adecuadas para conservar vacunas bajo cadena de frío. Más allá de la ironía, el cuestionamiento apunta a la planeación técnica: sin infraestructura adecuada, cualquier programa corre el riesgo de convertirse en simulación.

El secretario general también abrió otro frente. Acusó que mientras legisladores oficialistas celebran reformas laborales, en Oaxaca se han perdido empleos formales y se ha incrementado la informalidad, citando datos del IMSS. Señaló contradicciones entre el discurso de defensa al trabajador y decisiones que, en su opinión, reducen oportunidades laborales en el estado.

En el plano local, Madrid exigió explicaciones sobre la situación del DIF estatal y denunció presuntos abusos y recortes en la atención a menores bajo resguardo institucional. Cuestionó la ausencia de un posicionamiento firme de la presidenta honoraria del organismo y pidió transparencia sobre el manejo de recursos destinados a la niñez.

En el cierre, la presidenta del PRI Oaxaca endureció el discurso. Acusó al partido en el poder de haber prometido un sistema de salud equiparable al de países desarrollados y de haber entregado, en cambio, un modelo fragmentado y con resultados cuestionables. Vinculó el deterioro sanitario con otros indicadores de inseguridad, corrupción y crecimiento económico limitado, construyendo una narrativa integral de “fracaso estructural”.

Ricárdez anunció que, en línea con los acuerdos de la plenaria de legisladores priistas, la recuperación de la cobertura universal de vacunación, la restitución presupuestal en salud y la revisión del modelo educativo formarán parte de la agenda legislativa nacional del partido. Refrendó además su respaldo absoluto al dirigente nacional Alejandro Moreno, subrayando que el PRI acompañará sus posicionamientos y declaraciones en defensa, según dijo, de las instituciones, la legalidad y la rendición de cuentas.

La pregunta que quedó flotando en el aire no es menor: si las cifras de cobertura y los brotes confirman un retroceso, ¿quién asumirá la responsabilidad política? Y si no es así, ¿dónde están los datos públicos y auditables que desmientan el señalamiento? En un país donde la vacunación fue durante décadas un orgullo sanitario, el debate ya no es partidista. Es, literalmente, una cuestión de salud pública.