Frente a la narrativa de una supuesta inconstitucionalidad, argumentos y Constitución.

Alejandra Tello Mendoza, jefa de la  unidad de investigación de la Escuela Judicial Electoral, y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, presentaron en el Senado de la República el libro “Entre la Constitución y la campaña mediática”, en el que se fijan las bases constitucionales con las que este órgano jurisdiccional fundamentó su resolución en torno al reparto de diputaciones plurinominales en la elección federal de 2024.

 

Tello Mendoza, coordinadora del libro, durante su intervención hizo énfasis en que la interpretación que se buscó colocar en una campaña mediática claramente orquestada no tiene sustento, ni el texto constitucional ni en cómo se ha hecho el proceso de asignación desde 2009. Consideró fundamental desmontar “las falacias” e impresiones técnicas sobre el sistema electoral mixto que siempre ha tenido preponderancia mayoritaria.

 

El magistrado De la Mata Pizaña, ponente de la sentencia relativa a dicho reparto y co-coordinador de la obra, reconoció que cuando el asunto llegó a su magistratura le pareció “un asunto fácil, regalado”, porque la regla para su trámite está en la Constitución y todos los precedentes habían sido resueltos en el mismo sentido, pero se complicó cuando surgió una campaña mediática con fines políticos por parte de la oposición y un grupo de académicos que buscaron presionar para doblegar al TEPJF.

 

“Lo que se pretendía era obligar al Tribunal a cambiar los resultados y para eso había que modificar las reglas plasmadas en la Constitución y transformar los precedentes. Lo que se pretendía era doblar al Tribunal Electoral elevando el costo político de la toma de decisión. Era intentar un golpe de Estado técnico, es decir, (se pretendía) cambiar el resultado de la elección porque a ciertos sectores no les convenía”, subrayó.

 

El magistrado Fuentes Barrera sostuvo que la Sala Superior del TEPJF no alteró la voluntad popular al confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para asignar las diputaciones plurinominales en la elección federal de 2024, pues las reglas para asignar las curules se han aplicado desde 2009, por lo que el INE y el TEPJF no podían cambiarlas una vez que se llevó a cabo la votación. “Eso se llama predictibilidad, seguridad jurídica y certeza”, expresó.

 

En ese sentido, Fuentes Barrera afirmó que la asignación de diputaciones plurinominales no es una adhesión política de los órganos electorales, como se les ha pretendido acusar, sino la ejecución obligatoria de un mandato constitucional. Por ello, señaló que no es ético que se ataque a las instituciones con una finalidad política, y reiteró que el TEPJF tiene a su cargo una función constitucional como órgano garante en materia electoral que ha sido respetada y se respetará.

 

Participaron en la presentación del libro, los senadores Javier Corral Jurado y Gerardo Fernández Noroña.