15 de marzo de 2026.- En México es urgente que la protección ambiental garantice el reparto justo de los beneficios y la reparación de daños históricos, especialmente hacia quienes dependen directamente de los ecosistemas, es decir los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Hoy, el reto y la oportunidad son claros: las transiciones ecológicas y productivas sólo podrán ser exitosas si se construyen sobre justicia, equidad y el respeto irrestricto a los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales.

La Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México (CIELO), concluyó lo anterior en el marco de un par de encuentros convocados con agrupaciones indígenas de cerca de diez estados de la república en los estados de Morelos y de Puebla.

Dichos encuentros fueron: Territorio, Derechos y Pueblos Indígenas, Transición Justa Hacia Nuevos Modelos de Responsabilidad Empresarial en Tlayacapan, Morelos, así como La Transición Justa, Derechos Indígenas y Distribución de Beneficios en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

CIELO estableció que, si bien el término "Transición Justa" surge con mayor fuerza en ámbitos climáticos y laborales, su importancia crece en la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, siendo uno de los ejemplos más claros el Objetivo 3, que estipula la "participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos".


Lo anterior, añadió el organismo, introduce una dimensión de Justicia Distributiva esencial en cualquier proceso de transición justa, lo que impulsa a fomentar economías más limpias e inclusivas, “asegurando que nadie se quede atrás”, en la labor por “descarbonizar” la economía, promover la protección de empleos y comunidades, así como a una distribución equitativa de beneficios.

 Cabe decir que en el encuentro celebrado en Puebla se tuvo la participaron de las diputadas locales Esther Martínez Romano, presidenta de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como de Beatriz Manrique Guevara, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, además de Xanath Rojas Mora, acompañante en diversos momentos del movimiento indígena en la sierra nororiental de dicha entidad.

El presidente de CIELO, Cecilio Solís Librado, expresó que de acuerdo con el informe "Transición Justa y Empleo Verde en el marco de la protección de la biodiversidad en América Latina y el Caribe", en 2021 la región generó 64 millones de empleos directa o indirectamente ligados a la biodiversidad y los bienes naturales.

El marco internacional, añadió, otorga un papel destacado a los derechos de los Pueblos Indígenas, ya que el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo, reconoce el derecho a la participación activa en proyectos de conservación, energía limpia, transición energética y mercados de carbono, así como a la propiedad y control sobre tierras, territorios y recursos.

Otra pieza fundamental del andamiaje internacional es el Protocolo de Nagoya (2010), que implementa los principios de justicia y equidad en el uso de recursos genéticos, incluyendo beneficios monetarios y no monetarios, y subrayando los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales.

Asimismo, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal enfatiza principios como la participación plena e informada de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, el respeto a los derechos humanos y la equidad intergeneracional.

En el ámbito climático, el Acuerdo de París (2015) marca la primera inclusión del concepto de Transición Justa en su preámbulo, subrayando la importancia de crear empleo decente y de calidad durante la transición hacia economías sostenibles.

La Declaración de Solidaridad y Transición Justa de Silesia, adoptada en la COP24, y el Programa de Trabajo de Transición Justa (JTWP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), consolidan diálogos y mesas redondas ministeriales para definir caminos inclusivos y equitativos de transición justa a nivel global.

Finalmente, el avance hacia un Mecanismo de Transición Justa emergida de la COP30 de la CMNUCC, representa finalmente un hito en la institucionalización de este enfoque, consolidando la cooperación internacional y el respeto a los derechos de los sectores más vulnerables en la acción climática, entre ellos los custodios y guardianes de la biodiversidad, los pueblos indígenas.