Hoy se vive el rompimiento del gobierno de la 4T con el estado de derecho. El presidente está mostrando un desprecio absoluto por las disposiciones legales que puedan obstaculizar cualquier proyecto gubernamental que forme parte del plan largamente estructurado por él a lo largo de muchos años de campaña.
El Tren Maya ha sido un ejemplo claro de la violación a la
normatividad ambiental con total impunidad, ignorando los llamados de los
organismos reguladores y de grupos ambientalistas de la sociedad civil. Destaca
la actitud desafiante del presidente cuando se cuestiona la viabilidad de alguno
de sus proyectos icónicos.
Sin embargo, el tema de la seguridad es la gota que ha
derramado el vaso.
Es evidente el desprecio del presidente por los reportajes
periodísticos difundidos en los noticieros de TV, de radio y en la prensa, que
reiteradamente exhiben pormenores de la operación de la delincuencia organizada,
la cual, cada vez más asume funciones que solo competen a las autoridades
constitucionalmente legítimas.
Así vemos cómo instrumentan retenes en caminos, carreteras
federales y autopistas. También cómo asumen la impartición de justicia
aplicando métodos violentos sobre los infractores que ignoran las reglas que
ellos han impuesto a la ciudadanía en las comunidades que controlan. Y qué
decir del dominio absoluto sobre las actividades gubernamentales, económicas y sobre
la vida misma de los pobladores de las zonas que ya están bajo el control de algún
grupo delincuencial. Todo esto representa pérdida de soberanía del Estado
Mexicano sobre algunas regiones del territorio nacional, sin que esto genere
alarma en las instituciones gubernamentales por el peligro que representa.
La permisividad y tolerancia gubernamental ¿es digna de
aplauso o representa “el ejercicio indebido del servicio público”?
Esto se encuentra descrito en el “Título décimo” del Código
Penal Federal, inciso “V” del Artículo 214, así como en el capítulo de “abuso
de autoridad”, -Artículo 215-, incisos “III”, “IV” y “V”.
Es cierto, -y debemos reconocer-, que gobiernos anteriores
por omisión y desinterés incurrieron en las faltas antes descritas, lo cual es
reprochable. Sin embargo, eso no exime al gobierno actual de ejecutar su
obligación de brindar seguridad a la ciudadanía utilizando todos los recursos
que tiene a su disposición el Estado Mexicano. Que antes hubiese fallas u
omisiones no justifica que se sigan cometiendo aún, en un contexto crítico de
violencia e inseguridad como lo es el actual.
Por tanto, es inaceptable que teniendo el gobierno actual
todos los recursos, armas y la legitimidad que le otorga la ley para reprimir
la violencia criminal, -por consideraciones subjetivas de tipo personal o hasta
ideológicas-, tengamos autoridades con capacidad de respuesta suficiente y
hasta sobrada, pero maniatadas por decisiones políticas del jefe supremo.
Sin embargo, -aún con
todas las evidencias públicas-, el presidente percibe estas denuncias sobre la
operación de la delincuencia organizada como algo intrascendente, tolerable y
normal en nuestra realidad cotidiana, como lo demostró con su respuesta a un
grupo de reporteros que denunció al retén conformado por civiles armados
portando uniforme militar que los interceptó en Sinaloa cuando ellos iban
camino a la conferencia mañanera.
Frente a este contexto es válido cuestionar si desde la óptica
jurídica que nos ofrece nuestra Constitución, el presidente, -como titular del
Poder Ejecutivo-, tiene atribuciones para decidir si el Estado Mexicano debe combatir
o no, -frontalmente-, el delito.
Es urgente saber si esta decisión presidencial es
constitucional.
La frase icónica de este régimen, -“Abrazos no balazos”-,
parece un desafío al sistema jurídico, que sabemos exige combatir al delito
donde este se manifieste.
Podemos interpretar que los guiños presidenciales a la
delincuencia organizada representan una forma de pactar con ellos sin hacerlo
formalmente. No es necesario firmar un acuerdo con los grupos criminales, -ni
siquiera asistir a una plática para negociar-, para que de facto se establezca de
forma espontánea un pacto.
Basta con seguir externando las frases amables y cálidas que
el presidente les prodiga continuamente, reconociendo sus derechos ciudadanos, -así
como sus derechos humanos-, para que de inmediato se sobreentienda que les da
“patente de corso” para que operen sus actividades delincuenciales siempre y
cuando no se opongan a sus proyectos. Es más, la intromisión del crimen
organizado en los procesos electorales del 2021 no ha sido penalizada aún por
el gobierno federal, -ni siquiera ha sido reconocida-, y sin embargo, sucedió
en municipios y estados donde ganó MORENA… ¿Entonces? … ¿Qué podemos deducir?
¿Quién asume la responsabilidad por las víctimas ciudadanas,
asesinadas o desaparecidas a manos del crimen organizado?... Y las víctimas militares
y policiacas que se enfrentaron a algún grupo criminal... ¿tampoco cuentan?...
¿Murieron en balde en una simulación de lucha contra la delincuencia?
Las Fuerzas Armadas hoy son desafiadas abiertamente por el
crimen organizado, e incluso, por una ciudadanía envalentonada por la inacción
gubernamental. Estas acciones deleznables han vejado y humillado al último
bastión del respeto a la autoridad en este país, que son el Ejército y la
Armada.
El discurso del general Carlos Gaytán Ochoa durante un
evento oficial, -frente al secretario Luis Crescencio Sandoval y altas
autoridades militares-, muestra el ánimo que se vive en el Ejército Mexicano
frente a los agravios que reciben cotidianamente y que deben aceptar estoicamente
por exigencia ideológica de la 4T.
El rol de las Fuerzas Armadas en el combate a la violencia
criminal es hoy fundamental, pues la delincuencia organizada actual no tiene punto
de comparación con la de hace 20 años. Antes los grupos delincuenciales estaban
en desventaja en armamento frente a las Fuerzas Armadas y por ello las evadían.
Sin embargo, -aprovechando el libre acceso a las armas de
alta tecnología militar que hoy existe en el mercado norteamericano-, estos
grupos, -antes marginales-, actualmente se han convertido en colectivos
paramilitares con armamento bélico en muchos casos similar, -o quizá hasta
superior-, al que trae el soldado o el marino que patrulla las calles.
Ahora la delincuencia organizada tiene capacidad tecnológica,
además de que practica labores de inteligencia para enfrentar a las autoridades.
También debemos reconocer que cuenta ya con operación multinacional. Los
grandes cárteles de hoy representan un riesgo para la seguridad nacional, sin
que esto sea interpretado desde esta óptica por el presidente López Obrador.
Hoy el crimen organizado empieza a actuar en política como
lo hizo durante el liderazgo del capo Pablo Escobar Gaviria en Colombia a fines
de los años ochenta. La participación de grupos del crimen organizado en las
elecciones del 2021 de nuestro país fue determinante.
Son paramilitares, -no movidos por afanes ideológicos o
políticos como en otros países-, sino económicos, para quienes el control
político asegura beneficios para sus finanzas.
Por ello es preocupante que el presidente vea normal que
tomen municipios y se adueñen de territorios ubicados en las regiones dominadas
por ellos, controlando incluso las vías de comunicación, que por ley están a
cargo del gobierno federal.
En el centro de esta controversia está la necesidad de una
definición por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que clarifique
si es inconstitucional que el Poder Ejecutivo imponga a las instituciones
responsables de la seguridad y la impartición de justicia del país una política
de no confrontación directa con la delincuencia organizada.
Dejamos al aire la pregunta dirigida a la SCJN: ¿Es una
facultad o atribución constitucional del Poder Ejecutivo Federal decidir si
enfrenta directamente a la delincuencia organizada?
¿A usted qué le parece?
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross
